Desde que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) empezó a consolidarse financieramente y, por tanto, a hacerse atractivo, siempre está bajo asedio.
La oferta fácil consiste en favorecer el argumento de que toda persona asalariada que se pensione, debería tener derecho a retirar la totalidad de sus recursos. Eso equivaldría a desnaturalizar la pensión complementaria para convertir el régimen en un simple ahorro a plazo fijo. Y ese no es el propósito de la visionaria ley que en el año 2000 se creó sabiendo que la pensión básica se reduciría con el tiempo y que sería imperioso tener un suplemento para que alcanzara un poco más el dinero en la vejez, cuando disminuyen los ingresos y se incrementan muchos de nuestros gastos por las condiciones propias de la adultez mayor.
Claro que siempre hay excepciones y atendiendo a ello, recientemente entró en vigor una reforma a la ley que permite el retiro total de los fondos del ROPC en casos de enfermedad grave certificada por la CCSS. Pero solo en esos casos, aunque ciertamente la modificación sirvió para nuevas promesas de acabar con el segundo pilar de la pensión.
La fortaleza del régimen obligatorio (que alcanzó ₡11,3 billones al cierre del primer trimestre 2024) es capitalizar nuestras cuentas individuales en inversiones colectivas, tanto dentro como fuera del país, de modo que los recursos se multipliquen con la supervisión financiera del estado. El problema es que pocas personas logran comprender los beneficios que se obtienen de esas inversiones y, por el contrario, logran sembrar mucha confusión, señalando a las Operadoras de Pensiones de todo tipo de argumentos infundados.
Justo por eso conversamos este miércoles con el presidente y el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones Complementarias (ACOP) Róger Porras y Danilo Ugalde.