Los auditores de las instituciones (auditorías internas), como los órganos de control externos (Contralorías) representan una gigantesca piedra en el zapato de procedimientos opacos, negligentes, ineficientes o decididamente corruptos respecto del uso de dineros públicos.
Por eso hay que dimensionar lo que significa -para el caso de contrataciones tan grandes y sensibles como las del ICE- que la Auditora General Sofía Machuca Flores, afirme que "los agravios, amenazas, insultos o patrones de hostigamiento y violencia [de los que es objeto] no constituyen acciones aisladas, sino que forman parte de un intento deliberado por debilitar el sistema de control interno, ejecutado por actores cuya ética y valores no nos representan".
Este es el punto caliente de un enfrentamiento nada disimulado entre el Presidente Rodrigo Chaves y la auditoría interna del Instituto en torno a decisiones sobre la implementación de 5G. De acuerdo con la Auditoria, "desde mayo de 2022, una serie de decisiones políticas y regulatorias han limitado la capacidad del ICE para desarrollar su red 5G, lo que atenta su continuidad de negocios", presiones y acoso incluidas de autoridades superiores y sindicatos, según dijo.
Los señalamientos son muy severos: interferencias políticas en decisiones técnicas y comerciales, nombramientos claves sin requisitos técnicos, pérdida de mercado y competitividad, regulación desigual respecto de otros operadores, socios comerciales que obtienen grandes contratos sin participar en las licitaciones y hasta posible desviación de recursos públicos, entre otros, que pondrían de cabeza a cualquier consejo directivo de cualquier empresa privada del mundo...
Como decíamos, cierto es que la navegabilidad en aguas bravas data al menos desde el 2017 con los contratos para 3G y 4G a la misma Huawei (el meollo de las disputas China-EE. UU.) con nada más y nada menos que seis denuncias penales, cuatro investigaciones activas sobre contratación pública, así como once informes de control interno y de relación de hechos.
Por eso, para sorpresa de nadie, el asunto paso de la auditoria interna y de la Contraloría, a la Fiscalía General de la República que ahora está metida de lleno en las investigaciones. Mientras tanto, y como extraño corolario, el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa de turista a la Auditora General del ICE. Es decir, sancionó políticamente a la funcionaria que lucha contra la opacidad y la posible corrupción cumpliendo con sus obligaciones, supuestamente si nos atenemos a lo dicho por el Secretario de Estado Marco Rubio porque ella sería colaboracionista "con actores extranjeros considerados una amenaza para la ciberseguridad".
En Hablando Claro conversamos con la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores.