El Estado paraguayo es el principal comprador de bienes y contratante de servicios del país. Mueve al año miles de millones de dólares y quien quiera fabrique o venda cosas querrá ser su proveedor. Para evitar que quienes manejan desde adentro información reservada se aprovechen de esa ventaja, la ley de contrataciones dice claramente: No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades los funcionarios o empleados públicos que intervengan en el proceso y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista. Esto incluye a allegados consanguíneos o afines hasta el cuarto grado. También deja afuera a socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o sus parientes formen o hayan formado parte.
