El Gobierno debe destinar US$ 597 millones (Gs. 4,1 billones) a gastos de financiamiento, cancelando capital e intereses de deudas pendientes. Se supone que todo ese dinero va a inversiones concretas, desde rutas hasta capacitación de personal al servicio del Estado, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero si empezamos a endeudarnos para enjugar gastos corrientes, vamos a caminar por una vereda muy angosta. Este es el panorama que se presenta ante la idea del Gobierno de tomar una deuda de US$ 100 millones para amortiguar el impacto producido por el incremento en el precio de los combustibles. Los ministros involucrados en esta iniciativa aseguran que la misma apunta a suavizar el mercado pero sin intervenir en la fijación de precios.
