El alcalde de Funza, Cundinamarca, Manuel Montagu anunció en un par de pronunciamientos públicos la creación de una UPJ (Unidad Permanente de Justicia) para este municipio. Lejos de parecer una solución para los flagelos de presunta inseguridad que se presentan, el alcalde manifestó vehemente que el objetivo principal será tener un lugar para asegurar por lo menos temporalmente a algunos jóvenes que se atrevan a tomar en la calle y a los mismos borrachos. El pasado 11 de octubre, en diálogo con la emisora comunitaria Bacatá Estéreo manifestó que la administración ya dispone de un camión para recoger a los borrachos “para que pasen en la UPJ un rato mientras se les pasa los tragos”. No fue su primer anuncio, ya que el 27 de septiembre pasado, cuando el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey visitó Funza, Montagu le solicitó al mandatario su apoyo para tener unos CAI's móviles para el uso de la Policía, y en pleno parque principal dijo: “al mismo tiempo estamos haciendo cosas gobernador, no nos hemos quedado quietos pidiendo, esperando que usted nos dé. Ya vamos a comenzar a funcionar con la primera UPJ. Acá en Funza no había. Teníamos mucha dificultad con aquellos jóvenes que salen a tomar trago en los parques o personas que salen e invaden los parques a medianoche y no sabemos qué hacer (…) Es llevarlos a un sitio que sea digno, que puedan tener unas ocho horas que estén ahí resguardados, y ya gobernador, ya en pocos días vamos a tener la UPJ gracias a la colaboración también del coronel (José Miguel Correa, comandante de la Policía Cundinamarca) que puso a disposición un camión y lo tenemos ya acá en el parqueadero de Funza para hacer estos recorridos (para) tener dónde llevarlos.”
El anuncio causa sorpresa por donde se le mire. En primera instancia, la UPJ no fue parte de las propuestas de su plan de gobierno el año pasado, y tampoco quedó estipulado en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio. El alcalde municipal tampoco ha tenido el visto bueno sobre esta materia de la comunidad en primera instancia, y del Concejo Municipal. Y más allá de eso, lo que causa malestar es que la llamada “cárcel para los pobres”, la desprestigiada UPJ, sea usada con fines contrarios a la Constitución, como retener arbitrariamente a las personas sin que estén cometiendo un delito. No cualquier persona, sino una población específica, que son los jóvenes del municipio, y los que estén en los parques a medianoche, violando el Estado así derechos como la libre movilidad o el libre desarrollo de la personalidad. A ninguna persona se le puede obligar a montarse en un camión, para que sea trasladada a un centro de detención temporal. Según las disposiciones legales que existen sobre la materia, por ejemplo las sentencias de la Corte Constitucional que prohibieron las “batidas” del Ejército, ninguna persona puede ser obligada a subirse a un camión contra su voluntad con el uso de las armas. Podría pasar en este caso. Sin embargo, un artículo del investigador de DeJusticia Mauricio Albarracín, publicado en El Espectador, asegura que la policía usa la excusa de la retención por “alto grado de excitabilidad” como justificación universal para los abusos de autoridad, y el encierro de las personas. Asegura también que los jóvenes de estratos bajos son los más afectados por estas acciones y que incluso pueden ser dobles víctimas al salir de la UPJ y ser retenidos por el Ejército en batidas.
Aunque no se sabe en Funza, dónde o cómo serían las condiciones de la UPJ, que al parecer su única funcionalidad sería la detención de jóvenes que andan por la calle, en términos generales la ciudadanía tiene el conocimiento de que estos centros brillan por su insalubridad, hacinamiento y abusos de autoridad. Hace meses, la revista Semana publicó unos videos en donde se evidenció el trato degradante hacia los muchachos que estaban en una UPJ en Bogotá; allí se observaba por ejemplo que la policía los golpeaba mientras los obligaba a permanecer desnudos.
Al ser consultados por este tema, algunos expertos señalaron su preocupación por la inminente aparición de una UPJ, cuyo fin sea encerrar a jóvenes que hayan sido transportados previamente en camiones.
