A pesar de que la sentencia T-722 de 2003 de la Corte Constitucional y el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) aclaran parcialmente el uso de la
publicidad oficial,es preocupante el desconocimiento de los funcionarios y las entidades públicas respecto a su uso.
Dice la Fundación para la libertad de prensa que entre las situaciones más recurrentes es disfrazar la propaganda de publicidad oficial. Pues terminan siendo los gobernantes
de turno los protagonistas de la publicidad que es pagada con recursos de todos los ciudadanos.
Afectando la libertad de los medios. ¿Es en Medellín la pauta publicitaria oficial una manera sútil pero directa de callar a los medios comuniarios?
