El atentado del 11/9 tuvo una respuesta jurídica inmediata, la Ley Patriótica de los Estados Unidos fue aprobada por una gran mayoría, pese a la resistencia de varios demócratas. Una rápida consulta a Wikipedia nos permite tener una primera mirada aséptica:
La Ley Patriota (en inglés USA Patriot Act) fue aprobada por una abrumadora mayoría por ambas Cámaras y fue promulgada por George W. Bush el 26-10- 2001, poco más de un mes después de los atentados del 11/9. El objetivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Además la ley creó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo. Ha sido impugnada por grupos de los derechos civiles en los Estados Unidos por vulnerar los derechos de privacidad y confidencialidad de la información, a pesar de ello sigue vigente y con más fuerza.
La ley lleva un subtítulo que aclara sus objetivos: "Uniendo y fortaleciendo por medio de proveer las
apropiadas herramientas para interceptar y obstruir el terrorismo". Como argumento justificador se dice que después de los atentados el pueblo norteamericano tuvo que elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales. En otras palabras, restringir sus libertades para garantizar su seguridad. Muchos debates en nuestro país tienen la misma base aunque no se lo dice explícitamente. Varios fallos judiciales la han declarado inconstitucional por violar los derechos y garantías de la Constitución de los Estados Unidos.
Un grupo de investigadores del Independent Media Center (Centro de Medios Independientes en español) han publicado un informe en el que sostienen:
El gobierno sentía la necesidad y la urgencia de proporcionar seguridad bajo una ley que permitiera el acceso a información privada, conversaciones telefónicas y en computadoras, registrar los libros que se compran en las librerías e incluso arrestar a las personas que les hagan sospechar algo sin haber cometido delito. Su aprobación hizo posible que las autoridades norteamericanas tuvieran acceso a numerosas bases de datos que contienen información confidencial sobre cientos de miles de ciudadanos. La ley brinda el poder a los agentes federales a tener su propia orden de allanamiento para entrar a cualquier casa en nombre de la seguridad nacional, aun cuando la constitución dice que solamente los jueces pueden otorgar una orden y autorizar ciertas intervenciones. Después del 11 de septiembre esta situación parecía ser aceptable debido al terror que sentía cada ciudadano norteamericano por los sucesos de las Torres. (subrayados RVL)
El presidente George Bush en su exposición ante la Asamblea de Naciones Unidas, exigió a la comunidad internacional que se una a EEUU en su guerra contra el 'terrorismo'. La definió como una ofensiva planetaria que ya había comenzado en Afganistán pero que «previsiblemente se ha de extender contra otros países y escenarios geográficos». Las consecuencias también se hicieron sentir en el frente interno, tanto de Estados Unidos y como en los Estados miembros de la Unión Europea: todos ellos endurecieron sus legislaciones restringiendo derechos ciudadanos básicos bajo el mismo pretexto de luchar contra el 'terrorismo', aunque en menor medida que en los EEUU.
El siguiente informe, elaborado por el abogado norteamericano Alan Graf, también del Independent Media Center, repasa los aspectos fundamentales de esta nueva ley y examina las consecuencias de su aplicación. La referencia inmediata remite a la famosa campaña anticomunista de la Ley McCarthy-Walter:
La ley es un ataque directo contra derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Junto a la pérdida de protagonismo del estamento judicial, es notable el significativo protagonismo concedido a los cuerpos de seguridad (el FBI) y los servicios de inteligencia (la CIA) norteamericanos, que han visto ampliados sus poderes y márgenes de actuación de un modo que afecta especialmente a los extranjeros residentes en Estados Unidos. Se legaliza pues la práctica de la detención administrativa y la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas". (subrayados RVL)
En resumen, la ley permite al gobierno detener indefinidamente a cualquier persona aunque nunca haya cometido un crimen. La ley contiene numerosos artículos que dinamitan una serie de libertades y derechos civiles ya establecidos. Muchas de las definiciones de la ley son anticonstitucionales, reducen el equilibrio de poder entre las diferentes instituciones de gobierno, y trasladan ese poder desde los tribunales de justicias hacia los cuerpos de seguridad.
El prestigioso jurista estadounidense Jonathan Turley, Profesor de la George Washington University publicó en The Washington Post:
En la década que siguió al 11 de septiembre de 2011, este país ha reducido de manera profunda las libertades civiles en nombre de un expansivo estado de seguridad. El ejemplo más reciente de esto fue la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada el pasado 31 de diciembre, que permite la detención indefinida de ciudadanos.
Paul Craig Roberts – ya citado en columnas anteriores? escribió un artículo El Estado policial es real el 13-12-13 en el cual sostiene:
La reacción del régimen de Bush al 11-S y la ratificación del régimen de Obama de esa reacción han destruido el gobierno democrático de EE.UU. Se ha concentrado tanto poder irresponsable en el Ejecutivo que la Constitución de EE.UU. ha dejado de ser un documento aplicable. Créase o no la historia oficial: el 11-S se utilizó para crear un “guerra contra el terror” sin fin y un Estado policial. Es extraordinario que tantos estadounidenses crean que eso “no puede suceder aquí”, cuando ya ha sucedido. Hemos vivido una década de evidencia indiscutible de la construcción de un Estado policial: La Ley patriota, el espionaje ilegal de los estadounidenses y hasta la iniciación de guerras de agresión –crímenes de guerra según el Estándar de Núremberg– basadas en mentiras intencionales.
Continúa:
Como Lawrence M. Stratton y yo documentamos en nuestro libro The Tyranny Of Good Intentions (La tiranía de las buenas intenciones), antes del 11-S la ley como protección del pueblo ya iba perdiendo terreno a favor de la ley como arma en manos del gobierno. Si el gobierno quería atraparte había pocas barreras para que un acusado fuera incriminado y condenado por un jurado de cerebros lavados temerosos del crimen.
Y cierra con una revelación inesperada y sorprendente:
Un memorando secreto del Departamento de Justicia se ha filtrado a NBC News que revela el razonamiento tiránico que autoriza al poder ejecutivo a ejecutar ciudadanos estadounidenses sólo sobre la base de la creencia sin que se requiera evidencia de que son terroristas o están asociados con terroristas. En los EE.UU el principio legal operativo es si el gobierno dice que eres culpable, lo eres. Punto. No se requiere evidencia para liquidarte.
Nos queda una pregunta inquietante: después del 11/9 ¿los Estados Unidos siguen siendo una democracia? Que no lo sea ¿de qué modo afecta al resto de las naciones? ¿Es la globalización parte de ese proyecto de sociedad que es los EEUU? ¿Es homero Simpson el modelo cultural de la globalización?
