En cualquier país medianamente decente quienes atentan contra los derechos humanos son condenados y repudiados por sus crímenes. En Argentina, por ejemplo, los militares que mantuvieron al país en una cruda dictadura fueron juzgados por tribunales civiles, en procesos que fueron incluso televisados, terminando con los asesinos tras las rejas, y con su dictador muerto en la cárcel cumpliendo su condena.
Pero en Chile, cuya dictadura fue mundialmente conocida como una de las más violentas de América latina, los militares que hoy cumplen condena en cárceles hechas especialmente para ellos, quienes fueron condenados por la justicia militar, se escudan en su condición de ancianos para exigir que miles de personas que hoy no saben dónde están sus familiares, y otras que fueron torturadas salvajemente, acepten sus palabras de perdón así sin más, con el fin de obtener beneficios carcelarios.
Ocho ex agentes de los organismos de inteligencia represores del Estado en dictadura piden perdón muy sueltos de cuerpo, en una maniobra comunicacional orquestada por la Iglesia Católica, famosa encubridora de criminales, que, amparada en la concepción cristiana del perdón y el arrepentimiento, busca lograr que les bajen las penas. Cómo piensan que no es indignante que estos asesinos y torturadores simplemente pidan perdón cuando no son capaces de romper sus pactos de silencio y decir al menos dónde están los cuerpos de los desaparecidos, cuando tan solo 126 cumplen condena de los 1.375 ex uniformados que han sido procesados.
Nos piden que olvidemos, que perdonemos, que nos reconciliemos. La derecha en su acostumbrada ranciedad nos llama resentidas por no perdonar a los pobres abuelitos que amparados por el poder irracional que entregan las armas, acabaron con la esperanza de un pueblo por primera vez organizado en un proyecto que se pensaba emancipador de la peor manera que pudieron hacerlo, torturando y masacrando. La misma derecha ultra conservadora, que junto a los curas pedófilos se oponen al aborto libre, justifica y pide misericordia por personas que torturaron e hicieron desaparecer a mujeres embarazadas y niñas pequeñas. Y no son sólo ellos quienes están a favor de esta avanzada en búsqueda de la impunidad definitiva, sino que también se han pronunciado a favor los Ministros de Interior y de Justicia, y también jueces de la Corte Suprema.
Ante este escenario favorable para los represores, que vuelve a victimizar a quienes sufrieron con la dictadura, que obliga a quienes fueron víctimas de la violencia a justificar por qué exigen justicia, lo único que nos queda es no dar ningún paso atrás. Jamás perdonar y jamás olvidar, seguir exigiendo que se haga justicia, que se cierren las cárceles especiales y que cumplan sus condenas completas sin beneficios, que se respeten los acuerdos internacionales contra los criminales de lesa humanidad, que pongan de una vez por todas fin a los pactos de silencio, y que el Estado, que es ejecutor y cómplice de la violencia, se haga cargo de una vez por todas de reparar el daño.
Porque mientras existan familias que no tienen un muerto al que velar, mientras los torturadores como Cristián Labbé sigan caminando libremente por las calles, mientras las FF.AA. sigan dirigidas por cómplices de los criminales, mientras el Estado siga militarizando la zona del Walmapu asesinando al pueblo mapuche, mientras no exista una nueva Constitución y continúe el legado de la dictadura que no permite a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y abortar libremente, los militares asesinos pueden seguir pudriéndose en la cárcel, porque, entérense, no tenemos nada que perdonar y sí mucho por lo que luchar.
Acá comienza Famosa Feminista Local, episodia 32: Mujeres sobrevivientes, siempre resistentes.