Lo que ha pasado con las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, es totalmente inédito en la historia del Derecho Constitucional colombiano, y sin duda ha desgastado y desfigurado la institución. Al asunto se le dio un efecto político -o, más exactamente, politiquero-, utilizado para continuar con la polarización existente desde cuando se votó el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
