A criterio de Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica, que no se pueda realizar la verificación sobre las denuncias de destrucción del ecosistema, producto de la explotación de los bloques petroleros 31 y 43, en el Yasuní, es causal suficiente para suspender la declaratoria de interés nacional, que permite las operaciones en la zona.
