La Constitución salvadoreña es enfática a la hora de decir que el Estado está al servicio de la persona humana. La persona es “el origen y el fin del Estado”. El Estado está por tanto a su servicio y debe brindarle libertad, cultura, salud, bienestar económico y justicia social. Son palabras prácticamente textuales del primer numeral de la Constitución. Sin embargo, se dan desde hace ya muchos años y diversos gobiernos, limitaciones y contradicciones no solo con el artículo primero de la Constitución, sino también con muchos otros numerales de la misma. Recorreremos algunos de esos desafueros desde situaciones actuales. Recientemente se quejaba un sindicato de aproximadamente 400 despidos de trabajadores municipales. El control estatal de la recogida de basura y el inicio de dichas funciones ha sido la causa del múltiple cese laboral. Aunque hay quejas al respecto, podemos suponer que se les ha dado prestaciones. Pero ni este gobierno ni los anteriores han sabido integrar la necesidad y obligación estatal, coherente con el derecho al trabajo, de dar lo que se suele llamar prestación del desempleo. Como por ejemplo, dar mensualmente, durante seis meses máximo, un 60% del salario que recibían los trabajadores despedidos, mientras no consiguen un nuevo trabajo. Los gobernantes, de cualquier partido que sean, son servidores públicos. Tienen que pensar siempre en cómo servir mejor al ciudadano que lo mantiene con sus impuestos
Algo parecido podríamos decir de los vendedores ambulantes, o incluso pequeños empresarios desalojados de sus lugares habituales de negocio. Generalmente se les deja en el aire, sin que el Estado que los desaloja se responsabilice de mejorar su situación. Ofrecerles lugares dignos para sus ventas, formalizar su trabajo con una ley adaptada a este tipo de trabajador autónomo, darles los mismos derechos de cualquier trabajador no es un regalo. Al revés, es un derecho de los vendedores y una obligación estatal. Al menos eso es lo que se deduce de la obligación de brindar a los ciudadanos bienestar económico y justicia social. Las pensiones no contributivas se comenzaron a dar durante los gobiernos del FMLN a los mayores de 70 años que no habían cotizado. Era una cantidad pequeña y hubo meses que no se pagó. Se le dio solamente a una pequeña proporción de quienes estaban en esa situación. En la actualidad, el número de los que reciben esa prestación ha ido descendiendo. Todavía hoy la mayoría de quienes tienen mas de 70 años no reciben ninguna prestación monetaria, aunque haya trabajado toda la vida e incluso continúen haciéndolo más allá de los 70 años. Los campesinos, las mujeres dedicadas al cuido de muchos hijos o nietos, se ven privadas de un apoyo estatal que es cuestión de justicia. Porque todo el que trabaja produce valor y riqueza. Y el Estado debe reconocérselo. No considerar el cuido de niños y ancianos como trabajo es una aberración machista, dado que la mayoría de personas que hacen dicho trabajo son mujeres a quienes no se le reconoce la importancia social, cultural y económica del cuido, más allá de que no coticen a ningún seguro.
La Constitución exige también cultura y educación. Llevamos 40 años estancados en la exigencia de terminar noveno grado. Desde hace tiempo, incluidos gobiernos anteriores, era necesario que el bachillerato fuera obligatorio si queremos avanzar en el desarrollo. Pero la tendencia de quienes han administrado el poder ha sido la de dar de palabra prioridad a la educación y al mismo tiempo, de hecho, no invertir en educación lo suficiente para que esta sea de calidad y universal. Ahora han metido el tema de la urbanidad como prioritario, incluso amenazando con perdida del año lectivo por no dar los buenos días adecuadamente. El tema, que prácticamente viola el interés superior del menor con el que nos comprometimos al firmar la Convención del menor, nos distrae de la necesidad urgente de invertir más en educación y dialogar más con los maestros sobre cómo avanzar en calidad. El gobernante, el funcionario, el empleado estatal son servidores públicos. No puede decirse que todo lo que hagan es malo. Pero tienen que reflexionar sobre cómo avanzar en todos los campos del desarrollo humano. Que algunos funcionarios se llenen la boca diciendo que no quieren saber nada de la agenda 2030 ni de sus objetivos de desarrollo sostenible es escandaloso. Que se despreocupen de hecho de algunas de las necesidades de la población es fatal. Y que se persiga a quienes defienden derechos básicos o fundamentales es llevar al país a un camino que terminará en decepción y fracaso.
