Desesperados, indignados, atormentados de ver a sus seres queridos presos pero amarrados en la calle, sin posibilidad ni siquiera de acceder a sanitarios o inodoros para sus necesidades fisiológicas, expuestos al sol y al agua, y buscando ayuda humanitaria, inclusive a través de los medios de comunicación, se mostraron los familiares de un grupo de detenidos en Santander de Quilichao que a pesar de estar judicializados por la Fiscalía General de la Nación, no fueron recibidos en la Cárcel Rodrigo Lara Bonilla, de Santander de Quilichao, con el argumento de estar totalmente hacinada.
La escandalosa situación también afecta directamente al director (e) del penal, teniente Francisco Javier Rebolledo, quien se queja ante Proclama del Cauca, porque el asunto, que es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, no ha tenido una solución de fondo desde hace más de un año cuando por un fallo de tutela se prohibió mantener los presos en estas condiciones. Dice Rebolledo que la cárcel tiene una capacidad para 300 internos, pero actualmente alberga a 533, situación que no ha sido atendida tampoco por la Procuraduría, ni la Fiscalía General de la Nación, ni por la Administración Municipal de Santander de Quilichao, de la cual se refiere ante el problema, que “se están lavando las manos” a pesar de las responsabilidades que les compete.
Es tan caótica la emergencia que se afronta que hasta el traslado de los presos para cumplir citas judiciales debe hacerse en taxis, con los riesgos de seguridad que eso conlleva tanto para guardianes como para los detenidos. Al respecto, el director encargado sostiene que no hay presupuesto para arreglar la camioneta asignada para estos menesteres, cuya reparación cuesta unos 10 millones de pesos.
