En México, después de la firma de un decreto autorizado por el fiscal Gertz Manero, se habilitó a los Ministerios Públicos para que puedan intervenir la comunicación de personas, acceder a su información bancaria e incluso a su geolocalización en tiempo real mientras se hace una investigación para perseguir presuntos delitos. Esta facultad antes recaía en la fiscalía general de la República, pero ahora podrá ser solicitada por los titulares de las unidades de los Ministerios para situaciones en donde se considere necesaria esta intervención.
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