En 2019 debía comenzar a operar el Banco Nacional de Datos Forenses para compartir información que facilitara la búsqueda de personas desaparecidas entre estados, sin embargo, ya casi termina el 2022 y la Fiscalía General de la República no ha comenzado a operarlo, dejando así en la incertidumbre la identidad de 52 mil restos de personas que han sido encontrados en fosas clandestinas. Una jueza se ha puesto del lado de las víctimas.
