El gobierno de Gustavo Petro se está ganando la reputación de desconocer la Constitución y la Ley. El último episodio consiste en el desacato de la orden de la Procuraduría General de la Nación de suspender al Canciller, Álvaro Leyva durante 90 días. Ese es el último eslabón de una cadena de violaciones que empezó con la financiación de la campaña electoral del Presidente por parte de un Sindicato violando por lo menos tres disposiciones legales.
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