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Tras tres años de tramitación, la Ley de Movilidad Sostenible ha pasado al Senado. Han sido cientos las alegaciones presentadas por partidos políticos y organizaciones del tercer sector y su aprobación supone cumplir con los compromisos adquiridos por España con Bruselas y la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. La ley establece, por primera vez, el objetivo de la descarbonización del transporte, un sector que se considera el principal responsable de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el transporte por carretera es por sí solo responsable del 32,1% del total de dichas emisiones.