El Parlamento británico aprueba por fin un proyecto de ley sobre seguridad en línea que llevaba con modificaciones durante 4 años, que daría lugar a poner una puerta trasera en comunicaciones cifradas punto a punto y a comprobar la edad de los que acceden a ciertos servicios o redes sociales. Si las empresas no cumplen la normativa, el organismo regulador de los medios de comunicación, Ofcom, podrá imponer multas de hasta 18 millones de libras (22,3 millones de dólares) o el 10% de su facturación global anual.
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