Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) analizan el grave asalto institucional que representa la toma indebida de los recursos de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal. Sin base legal y en contravención de los contratos existentes, Nacional Financiera traspasó esos fondos directamente a la Tesorería de la Federación, subordinándolos al control del Poder Ejecutivo.
Más allá de un simple movimiento contable, este episodio refleja un atentado directo contra la autonomía del Poder Judicial, debilitando su independencia económica y, con ello, su capacidad real para resistir presiones políticas.
Reflexionan sobre cómo este saqueo desmantela las bases mínimas de la división de poderes y cómo, sin independencia financiera, cualquier discurso sobre jueces imparciales o justicia autónoma queda reducido a mera retórica.
